¿Qué cambiaría con la aprobación de la Propuesta 41?

El actual programa de préstamos para veteranos de guerra, CalVet Home Loans, se creó en los años 1920 para ayudar a los mismos a comprar una casa o una granja. Si bien ha resultado ser eficaz para aquellos que se valieron del programa, hoy la mayoría de los veteranos de guerra no está en condiciones económicas de comprar una casa, y el programa contiene cientos de millones de dólares en bonos que no se han vendido. El propósito de esta medida es de reorientar parte — no el total — de los bonos inutilizados para ayudar a los veteranos que se ven enfrentados con situaciones precarias de vivienda. Bajo esta medida, los gobiernos locales, las organizaciones sin fines de lucro y los empresarios de construcción de vivienda podrán obtener préstamos para construir, renovar o comprar viviendas plurifamiliares, las cuales podrían alquilar los veteranos de guerra.

La financiación proveniente de la Propuesta 41 también se podrá usar para crear más viviendas de transición o de apoyo, en las que los veteranos pueden obtener servicios tales como atención médica para la salud mental y capacitación laboral.

¿Quiénes calificarían para alquilar estas viviendas?

El programa da prioridad a los proyectos que albergarían a los veteranos sin techo o que corren el riesgo de perder su vivienda.

• Veteranos cuyo ingreso es en extremo reducido —Como mínimo, un 50 por ciento del dinero se dedicaría a la financiación de viviendas para los veteranos de recursos en extremo reducidos y sus familias. Como promedio en los nueve condados del llamado Bay Area, se considera de recursos en extremo bajos a un individuo que gane unos $20.600 al año. Para una familia de cuatro en esta misma área, el límite promedio de ingresos es de unos $29.400.
• Veteranos de ingresos reducidos—Lo restante del dinero proveniente de la venta de los bonos se usaría para financiar viviendas para veteranos de bajos ingresos y sus familias. Como promedio, en los nueve condados del llamado Bay Area, a un individuo que gana unos $53.400 se le considera de recursos bajos, pero repetimos: el monto varía entre los condados. Para una familia de cuatro, el límite promedio de ingresos es de unos $76.300.

Los límites al ingreso a nivel estatal son mucho más bajos. Aprenda de los límites en su condado. Ver más en.

¿De dónde proviene el dinero?

En el año 2008, los votantes del estado de California aprobaron la Propuesta 12, la cual autoriza al estado a emitir bonos de hasta $900 millones para ayudar a los veteranos de guerra a comprar viviendas mediante el programa de préstamos, CalVet Home Loans. Los votantes habían votado veinte tres veces a través de los años a favor de los bonos para el programa originado en los años 1920.

No obstante, nunca se vendieron los bonos aprobados por la Propuesta 12, y también quedó sin gastarse una porción de la financiación mediante bonos previamente distribuida al programa CalVet. Los legisladores indican que las tasas de interés históricamente bajas, la ayuda del gobierno federal con los préstamos para viviendas y la crisis de viviendas en conjunto contribuyeron a una reducción en la demanda por el programa de préstamos.

Por ende, los legisladores desautorizaron $600 millones en bonos del programa CalVet, y propusieron $600 millones para financiar nuevos bonos mediante la Propuesta 41. Como los votantes ya habían aprobado los bonos originales, los legisladores no pueden transformar su utilización sin aprobación por voto.

Técnicamente, el público está votando por una nueva medida de bonos, aunque la legislación lo llama una reasignación.

Si los votantes no aprueban la Propuesta 41, los $600 millones desautorizados no podrían ser restaurados sin incurrir en otro voto.

Quedaría disponible un monto de unos $500 millones para financiar el programa de préstamos CalVet Home Loans.

¿Cómo funciona el programa?

El estado ofrecería préstamos con tasas de interés reducidas a los gobiernos locales, las organizaciones sin fines de lucro y los empresarios privados de construcción de viviendas, quienes usarían los préstamos para comprar, construir o rehabilitar propiedades que después se alquilarían a los veteranos de guerra.

Las personas que compran estos bonos recibirían restitución del fondo general del estado.

¿Cuál es el costo al contribuyente?

La Propuesta 41 les costaría a los contribuyentes del estado unos $50 millones al año durante 15 años (un total de $75 millones) para pagar el capital del préstamo más una tasa de interés al 5 por ciento, se calcula. Como punto de referencia, este monto equivale a menos de una décima parte del 1 por ciento del fondo general. Constituye un nuevo costo para el estado, por lo que los bonos del programa CalVet Home Loans no les ha costado nada a los contribuyentes. Los bonos son autoamortizables, ya que las personas que obtienen los préstamos para su vivienda restituyen el bono. El fondo general se implementa para el pago de los bonos solamente cuando los pagos del préstamo que hacen los veteranos se quedan cortos. Durante la existencia del programa, esto no ha ocurrido.

Los nuevos bonos de la Propuesta 41 los pagará el fondo general del estado. Se anticipa que los gobiernos del estado y locales ahorrarán un monto desconocido en servicios sociales y médicos en lo que los veteranos de bajos recursos o sin techo completan la transición hacia las nuevas viviendas. Un estudio del 2009, realizado por la Economic Roundtable, una organización de políticas públicas sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, halló que el costo público de una persona sin techo es unas cinco veces mayor que el costo de una persona en viviendas de apoyo. No existe ningún análisis de pronóstico del ahorro aproximado que percibirá el estado.

LOS ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA:

Los que están a favor dicen....

que esta medida ayudará a los veteranos de bajos recursos y sin techo a encontrar viviendas estables sin aumentar los impuestos ni añadir a la deuda en términos de bonos del estado de California. Indican que el programa de préstamos CalVet Home Loans no cumple con las necesidades de vivienda de los veteranos de guerra de recursos reducidos y sin techo, y que el estado ahorrará dinero al ayudar a estos veteranos a obtener viviendas asequibles.

La legislatura estatal aprobó unánime la presentación de esta medida a voto público. El comité de acción política (PAC por sus siglas en inglés) llamado 'Coalition for Veterans Housing-Yes on Prop. 41' ha contribuido $10.000 a la medida.

Los que están en contra dicen....

muy poco, en realidad. No hay ni individuos ni grupos que se hayan opuesto públicamente a la medida, ni registrado ante el estado su intención de hacer campaña en contra. Las declaraciones de oposición en la guía para votantes de la secretaría del estado las redactó un abogado quien en realidad no presenta ningún argumento en contra de la medida, sino que escribe sobre la política de los bonos.

Nosotros conversamos con la Oficina del Analista de Legislación, sobre temas que podrán querer considerar los votantes. El programa trae un costo al contribuyente y extraerá dinero del fondo general, mientras que el actual programa de CalVet Home Loans no lo hace. Algunas personas también podrán aseverar que el estado no debería asumir más gastos en términos de bonos.

¿Qué cambiaría con la aprobación de la Propuesta 42?

La ley estatal que rige los registros públicos, California Public Records Act, entró en vigor en 1968, y da al público acceso a documentos e información que guarda el gobierno estatal. En 1975, se enmendó la constitución estatal de California para requerir que el estado reembolsara a los gobiernos locales por cualquier costo asociado con nuevas obligaciones impuestas por el estado.

Entró en vigor la California Public Records Act antes que la ley de reembolso a los gobiernos locales, por ende, los últimos siempre han cubierto el costo de las provisiones centrales del proyecto de ley. Esto implica que han pagado por el tiempo del personal dedicado a la fotocopia y la distribución de registros públicos. Desde comienzos de la década del 1990, los legisladores estatales han aprobado una serie de cambios a la California Public Records Act que resultaron en aumentar las responsabilidades de los gobiernos locales — tal como la emisión de documentos en formato electrónico y la obligación de responder dentro de un plazo de 10 días. El estado debe reembolsar los costos asociados con estas nuevas obligaciones a los gobiernos locales.

Starting in the late 1990s, state legislators passed a series of changes to the Act to increase the responsibilities of local governments—things like releasing documents in electronic formats and requiring a response within 10 days. The state must reimburse costs associated with these new mandates.

Con la aprobación de la Propuesta 42, los gobiernos locales estarían obligados a asumir todos los costos relacionados con las solicitudes por registros públicos locales. El costo de la solicitud de registros públicos estatales seguiría siendo responsabilidad del estado.

Esta medida también requiere por la constitución, que los gobiernos locales cumplan con la California Public Records Act y la Brown Act. Actualmente éstas son leyes estatales.

¿Cuál fue el motivo de implementar esta medida?

En el 2013, la legislatura del estado aprobó un proyecto de ley de presupuesto, el cual suspendía ciertas obligaciones establecidas por la California Public Records Act, con el fin de ahorrar dinero. Este proyecto de ley indica que los gobiernos locales ya no tendrían la obligación de:

• responder a una solicitud por registros públicos dentro del plazo de 10 días, ni
• presentar un motivo por la denegación de una solicitud de registros públicos.

Inquietudes expresadas por el público referente a este proyecto de ley fueron el motivo por el cual los dirigentes estatales enmendaran su propuesta de presupuesto dentro de una semana, y la suspensión nunca se llevó a cabo.

La Propuesta 42 aseguraría que las obligaciones de la California Public Records Act nunca sean suspendidas por razones del presupuesto.

¿Quién paga y quién ahorra?

La Oficina del Analista Legislativo indica que esta medida podría ahorrarle al estado decenas de millones de dólares por año. Esta Oficina también indica que se elevarán los costos para miles de ciudades y condados en California, los cuales ya no podrían contar con el reembolso del estado por el tiempo implementado por el personal al cumplir con las leyes de registro público.

Pero seamos claros: El estado nunca, ni una sola vez, ha reembolsado a los gobiernos locales por ningún costo asociado con los registros públicos.

Para pedir el reembolso, los gobiernos locales entregaban un reclamo a la Commission on State Mandates, aseverando que el emitir documentos con formato electrónico y presentar un motivo por la denegación de una solicitud constituían nuevas obligaciones impuestas por el estado. No fue sino hasta mayo del 2011 que la Comisión dictaminó que estos costos derivados de las solicitudes por registros públicos locales califican para reembolso de parte del estado.

Unas 185 agencias locales ahora han entregado reclamos de reembolso, y se anticipa harán lo mismo muchas más en los meses venideros. Las solicitudes por el reembolso varían entre $1.126 de la ciudad de Saratoga a más de $630 mil de la ciudad de Fresno. En total, los gobiernos locales han reclamado $9,1 millones en cuanto a reembolsos del estado. Este monto es sólo una fracción del total anticipado, porque falta que muchos gobiernos locales entreguen sus reclamos.

Si se aprueba esta medida, el estado seguiría obligado a pagar estos reclamos. Pero, dado el hecho que aun no han entregado reclamos muchos gobiernos locales, resulta difícil estimar cuánto dinero ahorraría en realidad el estado en el futuro.

La Propuesta 42 no surte ningún costo conocido a los contribuyentes directamente, pero es posible que los gobiernos locales opten por aumentar los impuestos en el futuro para cubrir el aumento en los costos.

LOS ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA:

Los que están a favor dicen....

que esta medida elimina la posibilidad que las agencias locales denieguen una solicitud de información pública ni opten por no hacer aviso público de una reunión por motivo de costo. Cuando los gobiernos locales incurran costos por entregar documentos al público, estarán motivados a hacer más eficientes sus sistemas.

La legislatura estatal por voto unánime puso esta medida en la papeleta de votación pública. Tiene el aval de los bomberos y las organizaciones de oficios de construcción. El Comité de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés) llamado 'Yes on 42, The Public's Right to Know Act', está registrado a favor de la medida, pero aun no ha reportado ninguna donación de campaña.

Los que están en contra dicen....

En realidad, es difícil encontrar a personas o a grupos que se oponen a esta ley. Nadie se ha manifestado públicamente ni ha presentado oposición alguna al estado.

Nosotros exploramos posibles objeciones contra esta medida con la Oficina del Analista Legislativo; un posible problema es que no sabemos lo que harían los gobiernos locales si no cuentan con los fondos para cumplir con estas obligaciones legales. Es posible que otras personas crean que no habría que permitir que el estado apruebe leyes que generen gastos para los gobiernos locales.